Procuraduría concilia con Alcatel en causa por sobornos 2010-01-21
La Procuraduría General de la República (PGR) concilió con el consorcio Alcatel-Lucent una compensación económica por el daño social causado a raíz del supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos.
La telefónica francesa pagará $10 millones al Estado costarricense, informó la procuradora general, Ana Lorena Brenes.
El acuerdo se presentó ayer ante el Tribunal de Juicio de Goicoechea para su homologación.
Dicho arreglo no afecta la causa penal que se sigue contra el expresidente Miguel Angel Rodríguez y otros 10 imputados en el caso ICE-Alcatel, cuyo juicio empieza el martes 13 de abril.
Según la acusación de la Fiscalía, el exmandatario habría recibido unos $850.000 de los $2,5 millones pagados por ejecutivos de Alcatel, a cambio de que el ICE le adjudicara la compra de una red con 400.000 líneas celulares GSM.
El acuerdo de ayer tampoco afectará la demanda civil planteada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contra Alcatel por daños a la imagen y perjuicios a raíz del supuesto pago de dádivas.
Además, la Procuraduría continuará con la causa civil por daño social contra otros siete imputados en el caso, a quienes les reclama $52 millones.
A finales del 2009, el Consejo Directivo del ICE rechazó conciliar con Alcatel-Lucent en esta causa.
Erick Jiménez, director jurídico del Instituto, dijo ayer que desconocía el texto final del acuerdo y que respetan la decisión de la PGR.
Sin embargo, el ICE no acepta propuestas de negociación provenientes de Acaltel que impliquen desconocer el pago de dádivas y los daños causados en ocasión de dichos pagos, manifestó.
Seguro. En el acuerdo con la PGR, Alcatel, representado por el abogado Alejandro Batalla, reconoció los pagos a funcionarios públicos.
La firma asegura que la debilidad existente en aquel momento en los procesos internos de contratación de agentes y consultores externos, así como la administración fraudulenta en Costa Rica y el abuso de la confianza depositada en algunos de sus extrabajadores, facilitaron los pago a funcionarios.
Ellos (Alcatel) reconocen que existe responsabilidad de la empresa , dijo la Procuradora. Anoche, no se pudo localizar a Batalla.
El daño social es la afectación que sufrió la colectividad por este caso de corrupción. Si el Tribunal homóloga el acuerdo, los recursos se enviarán a la caja única del Ministerio de Hacienda.
En el juicio Caja-Fischel, la Procuraduría reclamaba $89 millones por daño social y el Tribunal solo les reconoció $639.981.
La Procuradora reconoció que pretenden evitar algo similar en el caso ICE-Alcatel y por eso conciliaron .Nos parece un buen arreglo y por eso lo aceptamos, aseguró.